El CC LATAM propone una agenda basada en inversión,convergencia regulatoria y reglas inteligentes,que podría elevar el crecimiento de América Latina hasta 3.8% anual hacia 2030.

América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja digital: mientras la región necesita acelerar la adopción tecnológica,cerrar brechas de conectividad e incorporar Inteligencia Artificial (IA) para elevar su productividad,la fragmentación regulatoria entre países continúa elevando costos,reduciendo incentivos de inversión y limitando la capacidad de las empresas para escalar.
Así lo plantea el estudio Desbloquear el potencial digital de América Latina y el Caribe,elaborado por el Centro para la Convergencia de América Latina (CC LATAM).
Para enfrentar esta situación,el informe propone una nueva hoja de ruta basada en cuatro pilares: regulación inteligente,integración de mercados,incentivos a la inversión e Inteligencia Artificial.
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El documento sostiene que la región requiere pasar de una lógica centrada únicamente en aumentar la cobertura hacia una estrategia integral que incluya infraestructura,reglas compatibles entre países,capital privado y capacidades humanas.
“La fragmentación regulatoria y la incertidumbre jurídica funcionan como un impuesto oculto sobre la escala regional; incrementan costos,reducen competencia y desincentivan la inversión”,señala el estudio.
El estudio advierte que la fragmentación aumenta los costos administrativos,genera incertidumbre para los inversionistas y puede favorecer la concentración de mercado al limitar la entrada de nuevos competidores.
La solución no sería replicar un único modelo regulatorio extranjero,sino avanzar hacia una convergencia basada en principios comunes: definiciones compatibles,reconocimiento mutuo de certificaciones,estándares compartidos y cooperación entre autoridades de telecomunicaciones,competencia,datos,ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
A fin de avanzar hacia ese modelo,el informe propone una regulación inteligente basada en cinco elementos:
Proporcionalidad según el nivel de riesgo.Decisiones fundamentadas en evidencia.Evaluaciones de impacto regulatorio antes y después de implementar normas.Uso de espacios de experimentación (sandboxes).Mayor capacidad institucional para supervisar y hacer cumplir las reglas.El Centro advierte que el objetivo debe ser mejorar la calidad regulatoria. “El punto no es regular más,sino alinear reglas,simplificar permisos y fortalecer la competencia y la capacidad institucional para la implementación”,destaca.
Dicha inversión incluiría el despliegue de redes,infraestructura digital,Centros de Catos,servicios de Nube,capacidades de Inteligencia Artificial y formación de talento especializado.
Sin embargo,el informe puntualiza que la inversión privada será insuficiente si no existe un entorno regulatorio predecible.
Por ello,en paralelo,se requiere avanzar en reformas al uso del espectro para priorizar cobertura y capacidad; simplificación de permisos para infraestructura digital; incentivos para Centros de Datos y Nube; así como promover instrumentos financieros como bonos de desarrollo digital y mecanismos de garantías.
Los países que han combinado mejores instituciones con reglas más eficientes han registrado mayores niveles de inversión en telecomunicaciones. En particular,el informe destaca que aquellos con avances simultáneos en regulación e institucionalidad alcanzaron niveles de inversión hasta 64% superiores durante la última década.
En 2022,el 67.3% de los hogares de América Latina y el Caribe contaba con acceso a Internet,frente al 91.1% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Tomando en cuenta el nivel socioeconómico,la diferencia es más profunda. Sólo 46.4% de los hogares más pobres tenían acceso fijo a Internet,mientras que en los hogares de mayores ingresos la cifra alcanzaba 84.6%.
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Además,la brecha territorial continúa siendo significativa. El 74.8% de los hogares urbanos estaban conectados en 2022,frente a sólo 35.8% de los hogares rurales.
El documento subraya que la próxima etapa de la transformación digital requiere,más que desplegar redes,incrementar la capacidad de empresas y ciudadanos para utilizarlas.
Actualmente,sólo 30% de la población latinoamericana cuenta con habilidades digitales básicas. En contraste,la proporción es de 80% en economías desarrolladas.
Siguiendo este escenario,el crecimiento promedio económico de la región podría pasar de 2.5% a 3.8% entre 2026 y 2030 con una nueva agenda digital. Esto representaría un incremento de 1.3% anual.
El impacto económico sería equivalente a agregar aproximadamente el PIB actual de Colombia a la economía regional al final del periodo,gracias a una mayor inversión en capital tecnológico,formación de talento digital avanzado y a impulsar la complementariedad entre infraestructura y capacidades humanas.
Además,para desbloquear ese potencial económico,la región necesitaría promover la formación de 4.8 millones de trabajadores con habilidades digitales expertas y 35.4 millones de trabajadores con habilidades digitales avanzadas.
Aaunque en la actualidad cerca de la mitad de las empresas latinoamericanas tienen acceso a banda ancha de alta velocidad,sólo alrededor del 10% utiliza soluciones de IA.
Entre 30% y 40% de los empleos están expuestos a la IA Generativa. No obstante,sólo 23% de las organizaciones latinoamericanas genera algún valor económico a partir de ella y apenas 6% reporta una creación significativa de valor.
Para CC LATAM,la prioridad regional no debe ser únicamente legislar sobre IA,sino crear las condiciones para que las empresas,los gobiernos y los trabajadores puedan aprovecharla.
“La IA es una palanca de productividad construida sobre capacidades —datos,poder computacional,talento y ciberseguridad— y salvaguardas como transparencia,trazabilidad y supervisión humana”,señala el estudio.
De cara al periodo 2026 a 2030,el informe propone una agenda de implementación que permita utilizar la infraestructura digital y la IA como herramientas para elevar la productividad y atraer inversión.
La hoja de ruta que propone el CC LATAM contempla cinco prioridades:
Convergencia regulatoria: estándares comunes en datos,ciberseguridad y protección al consumidor.Regulación inteligente: evaluaciones de impacto,supervisión basada en riesgos y mecanismos de experimentación.Inversión: reformas al espectro,simplificación de permisos y despliegue de infraestructura.IA: estrategias nacionales,adopción empresarial y pilotos sectoriales.Talento: capacitación masiva y alianzas entre gobiernos,universidades y empresas.A través de esta hoja de ruta,la regulación puede convertirse en una ventaja competitiva para la región. En lugar de ser una barrera,sería una herramienta para atraer inversión,impulsar innovación y fortalecer la economía digital de América Latina.
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